El 9 de octubre de 1999, la vida de varias personas cambió para siempre.

Esa noche, Rocío Wanninkhof, una joven de 19 años, desapareció en la localidad malagueña de Mijas tras salir de casa de su novio. Apenas 500 metros separaban ese lugar de su domicilio, pero nunca llegó.

Lo que en un primer momento se interpretó como una desaparición inquietante terminó convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de España, marcado no solo por la investigación del crimen, sino también por un grave error judicial.

En este contexto aparece la que sería la segunda víctima del caso: Dolores Vázquez. Loli, como era conocida en su entorno, había sido pareja de Alicia Hornos, la madre de Rocío. Cuando la Guardia Civil comenzó a investigar el entorno cercano de la joven, centró su atención en ella. Su detención y posterior condena se basaron más en suposiciones y prejuicios que en pruebas concluyentes. Pasó 17 meses en prisión.

La tercera víctima fue Sonia Carabantes, una joven de Coín que años después sería asesinada por el verdadero autor del crimen de Rocío Wanninkhof.

La resolución del caso evidenció que, de haberse llevado a cabo una investigación adecuada desde el inicio, ese segundo crimen podría haberse evitado.

LOS HECHOS

El 9 de octubre de 1999, Rocío Wanninkhof pasó la tarde, como tantas otras veces, en casa de su novio, Antonio. Sobre las 21:30 salió en dirección a su domicilio con la intención de arreglarse para acudir después juntos a la feria de Fuengirola.

Nunca llegó.

Al día siguiente, su madre, Alicia Hornos, extrañada por su ausencia, pidió a Rosa, la hermana de Rocío, que acudiera a casa de Antonio para preguntar por ella. El joven explicó que no había ido a la feria porque se había quedado dormido y sugirió que Rocío podría haberse quedado a dormir en casa de alguna amiga, sin que nadie llegara a comprobarlo.

Con el paso de las horas, Alicia empezó a inquietarse. Salió a dar un paseo con su pareja para despejarse y, en un descampado, encontró una gran mancha de sangre que en un primer momento le hizo pensar que podía pertenecer a un animal. Cerca de allí descubrió unas zapatillas deportivas que identificó como las que llevaba su hija la noche anterior. Inmediatamente contactó con la Guardia Civil, que confirmó que tanto la sangre como las zapatillas pertenecían a Rocío.

Siguiendo el rastro, los investigadores localizaron otra mancha de sangre de mayor tamaño en las inmediaciones. En la zona también se encontraron huellas de un vehículo de pequeño tamaño cuyos neumáticos ya no estaban disponibles en el mercado, lo que llevó a pensar que el cuerpo había sido trasladado en él.

La hora de los hechos se situó en torno a las 22:00 gracias al testimonio de un taxista, que declaró haber esquivado un vehículo todoterreno en la zona y haber escuchado un grito al pasar junto a él.

Tras más de tres semanas de búsqueda, el 2 de noviembre de 1999 apareció el cuerpo de Rocío a unos 32 kilómetros del lugar de la desaparición. Presentaba signos de violencia y había sido parcialmente quemado, además de haber estado expuesto a las inclemencias del tiempo.

A poca distancia se encontraron dos bolsas de basura negras, atadas entre sí, que contenían dos camisetas con desgarros compatibles con heridas de arma blanca.

LA INVESTIGACIÓN

El primer sospechoso fue Antonio, el novio de Rocío. Fue sometido a un interrogatorio intenso, pero no se encontró ninguna prueba que lo vinculara con los hechos, por lo que fue puesto en libertad sin cargos.

A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a ampliar el círculo, descartando progresivamente a familiares y personas cercanas.

Es en este punto cuando aparece Dolores Vázquez.

Dolores había sido pareja de Alicia Hornos, la madre de Rocío, durante once años. En el momento de los hechos hacía cuatro que se habían separado y dos que no mantenían relación. Sin embargo, los hijos de Alicia seguían teniendo contacto con ella.

La Guardia Civil centró progresivamente su atención en Dolores. Se intervinieron sus comunicaciones y se introdujo en su entorno a una agente con el objetivo de elaborar un perfil psicológico. El informe la describía como una persona fría, calculadora y agresiva.

En paralelo, la presión mediática y social en torno al caso no dejaba de aumentar. La necesidad de encontrar un responsable fue marcando el ritmo de la investigación.

Finalmente, el 7 de septiembre de 2000, Dolores Vázquez fue detenida a las puertas de su domicilio, en un operativo ampliamente cubierto por los medios de comunicación. A partir de ese momento comenzó un proceso judicial que estaría marcado por la falta de pruebas concluyentes.

Durante los interrogatorios, Dolores negó en todo momento cualquier implicación en los hechos. Afirmó que la noche de la desaparición había permanecido en su domicilio, cuidando de su madre y de una sobrina pequeña, y que únicamente había salido unos minutos para realizar una compra en un establecimiento cercano. También señaló que había realizado varias llamadas telefónicas en el horario en el que se situaban los hechos, algo que podía ser comprobado.

Sin embargo, no existían pruebas directas que la situaran en el lugar del crimen.

Aun así, se intentaron construir indicios. Entre ellos, el hallazgo de dos fibras en el cuerpo de la víctima que, en un primer momento, se vincularon con una prenda de ropa de Dolores. Posteriormente se demostraría que se trataba de fibras comunes presentes en numerosas prendas, sin valor probatorio.

Otros elementos tampoco apuntaban en su dirección. Las huellas encontradas en las bolsas halladas junto al cadáver no coincidían con las suyas, ni tampoco lo hacían las del vehículo que se sospechaba había sido utilizado. Además, en la escena apareció una colilla cuyo ADN pertenecía a un varón desconocido.

A pesar de todo ello, la investigación terminó centrada exclusivamente en Dolores Vázquez, sin que se profundizara en otras posibles líneas.

EL JUICIO

El juicio contra Dolores Vázquez se celebró con jurado popular y estuvo marcado desde el inicio por un fuerte componente mediático.

Durante las sesiones, gran parte de la acusación se centró en la relación personal que Dolores había mantenido con Alicia Hornos. El fiscal incidió de forma reiterada en ese aspecto, llegando a formular preguntas que fueron objeto de amonestación por parte del juez.

La madre de Rocío acudía a las sesiones con una fotografía de su hija, que mantenía visible frente al jurado, en un contexto emocionalmente muy cargado.

En el plano probatorio, los elementos en contra de Dolores resultaban débiles. Las huellas encontradas en las bolsas halladas junto al cadáver no se correspondían con las suyas, ni existían pruebas que situaran su vehículo en el lugar de los hechos. Tampoco las fibras que inicialmente se habían vinculado con su ropa pudieron sostener esa relación.

A pesar de ello, la acusación sostuvo que Dolores podría haber utilizado un vehículo ajeno, planteando hipótesis sin respaldo en pruebas materiales.

Durante el proceso también se presentaron testimonios de escasa consistencia, como el de una empleada que afirmó haber presenciado comportamientos violentos, o el de personas que describieron a la acusada como nerviosa o inestable en días posteriores a los hechos.

Frente a ello, la defensa aportó elementos que respaldaban la versión de Dolores, incluyendo su permanencia en el domicilio durante la noche de la desaparición y la ausencia de pruebas directas que la vincularan con el crimen.

Sin embargo, el contexto general del juicio, marcado por la presión mediática y la construcción previa de una imagen pública negativa, tuvo un peso evidente en el desarrollo del proceso.

Finalmente, el jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad. Dolores Vázquez fue condenada a 15 años y un día de prisión, además de una indemnización económica.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó la repetición del juicio al considerar que la motivación del veredicto no resultaba suficientemente sólida. No obstante, antes de que pudiera celebrarse una nueva vista, los acontecimientos dieron un giro decisivo.

SONIA Y LA RESOLUCIÓN DEL CASO

En la madrugada del 14 de agosto de 2003, casi cuatro años después de la desaparición de Rocío Wanninkhof, una nueva joven desapareció en la localidad malagueña de Coín: Sonia Carabantes, de 17 años.

Cuando su cuerpo fue hallado, los investigadores introdujeron en la base de datos el ADN obtenido en la escena del crimen. Fue entonces cuando se produjo un hallazgo determinante: ese perfil genético coincidía con el ADN encontrado en una colilla recogida años antes cerca del lugar donde apareció el cuerpo de Rocío.

La investigación tomó un rumbo completamente distinto.

Una mujer había denunciado previamente a su expareja, al sospechar que podría estar relacionado con el asesinato de Rocío. Según su testimonio, la noche del crimen él había llegado a casa en un estado inusual, se había duchado inmediatamente y había puesto una lavadora. Además, presentaba una herida.

Los investigadores centraron su atención en este hombre, Tony Alexander King. Tras seguir sus movimientos, lograron obtener una muestra de ADN que confirmó su coincidencia con los restos biológicos hallados en ambos casos.

Durante el interrogatorio, King reconoció ser el autor de los asesinatos de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes.

La revelación tuvo consecuencias inmediatas. El juicio previsto contra Dolores Vázquez fue suspendido y quedó definitivamente exonerada.

Tony Alexander King, ciudadano británico con antecedentes por agresiones sexuales en Reino Unido, fue juzgado y condenado por ambos crímenes en los años siguientes.

CONSECUENCIAS

El caso Wanninkhof-Carabantes se convirtió en uno de los ejemplos más significativos de error judicial en España.

Dolores Vázquez pasó 17 meses en prisión por un crimen que no había cometido. A pesar de su exoneración, nunca recibió una reparación pública proporcional al daño sufrido. Su vida quedó marcada de forma irreversible, lo que la llevó a abandonar España durante un tiempo para intentar recuperar el anonimato.

El caso generó un profundo debate sobre el funcionamiento del sistema judicial, el papel del jurado popular y la influencia de los medios de comunicación en los procesos penales.

A día de hoy, sigue siendo un referente cuando se analizan las consecuencias de una investigación condicionada por prejuicios y presión mediática.